WWF España concede a Madrid el reconocimiento de “Ciudad por los bosques” por su compromiso con la compra pública responsable de productos forestales. Así, el Ayuntamiento prima la madera procedente de bosques con certificación forestal FSC para luchar contra las talas ilegales e insostenibles. Algo importante, ya que las Administraciones públicas españolas gastan anualmente más de 2.000 millones de euros en madera y papel, siendo precisas cada año 2 millones de hectáreas de superficie forestal para satisfacer sus necesidades.

A pesar de esta situación, sólo nueve entidades: Barcelona, Benicarló, Gavá, León, L´Hospitalet de Llobregat, Madrid, Sant Boi de Llobregat, Murcia y la Diputación de Toledo toman cartas contra estos problemas y se sitúan, por tanto, en la lista verde de este Observatorio. Esto significa que únicamente ellas aplican en la actualidad un programa de compra responsable para controlar el origen de los productos forestales que consumen.

Por el momento, otra treintena de ciudades ya han mostrado su compromiso, aunque no han avanzado aún en el desarrollo de medidas concretas o en su aplicación. El resto, 300 ayuntamientos (el 88 por ciento) en toda España, no ha desarrollado aún instrumentos de control sobre el origen de los productos forestales que consumen.

Estas cifras son preocupantes, ya que existe una legislación nacional, la Ley de Montes, que incorporó hace cuatro años la necesidad de que las Administraciones Públicas tomaran medidas para impedir la compra de madera procedente de talas ilegales.

Cabe recordar que hasta el 10 por ciento del volumen de madera y papel que consume el mercado ibérico procede regiones donde la tala ilegal es una práctica habitual. Un problema que genera en los países productores pérdidas de unos 12.000 millones de euros al año, según el Banco Mundial. Además, la península Ibérica es el segundo mayor consumidor de madera tropical aserrada del mundo.

WWF solicita a los gobiernos locales que apliquen urgentemente medidas de compra responsable de productos forestales, según lo establecido en la Ley de Montes, dando prioridad a los productos certificados por sellos como el FSC.

“Nuestro objetivo es que se sumen el mayor número de ciudades a esta iniciativa y lograr que España acabe siendo un país líder en el consumo responsable del productos forestales”, apunta Juan Carlos del Olmo, Secretario General de WWF España. Y concluye: “A través de su poder de compra, las Administraciones públicas tienen la llave para influir en el mercado y dinamizar el medio forestal español, reactivando el consumo de madera, papel y corcho de origen local y con certificación FSC”.

Basura.

Las ciudades de Cáceres, Cuenca, Badajoz, Albacete, Córdoba, Jaén y Teruel se encuentran entre las que mejor huella ecológica presentan, según el último informe ‘Sostenibilidad Local. Una aproximación urbana y rural’ presentado hoy por el Observatorio de la Sostenibilidad (OSE), que concluye que se necesitaría casi tres veces la superficie de España para mantener el nivel de vida y población.

La mayoría de las grandes ciudades españolas superan la biocapacidad disponible en sus provincias (huella ecológica), lo que significa que sus ciudadanos consumen más recursos y generan más residuos de los que el territorio de su provincia es capaz de asumir.

Así, en ciudades como Santander, Madrid, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Pamplona o La Coruña es más notable esa huella ecológica.

Además, el análisis conjunto de la huella ecológica y el índice de desarrollo humano muestra que las capitales de provincia española presentan una huella ecológica por encima de la biocapacidad media a nivel mundial (1,8 hectáreas), lo que las sitúa por encima del objetivo deseable de sostenibilidad (más de 0,8 hectáreas y menos de 1,8).

El documento señala también que la huella ecológica del español medio se situó en 2005 en 6,395 hectáreas globales de territorio productivo anuales, lo que indica que como media, cada español necesita ese área territorial al año para satisfacer sus consumos y absorber sus residuos. Del total, el 67,61 por ciento corresponde a los consumos energéticos; el 15,67 por ciento a la agricultura, el 5,58 por ciento a la ganadería y el 5,38 por ciento a la pesca.

El director del Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), Luis Jiménez Herrero precisó hoy en la presentación del informe junto a la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, otra de las conclusiones del estudio indica que el crecimiento urbano muestra importantes síntomas de insostenibilidad, de tal manera que en España está clasificado como suelo urbano el doble de terreno necesario para los aumentos de población correspondiente.

Por otro lado, destacó que el medio rural “exporta sostenibilidad” al medio urbano y cada vez adquiere más valor por los servicios que presta. Es por ello que el desarrollo sostenible del mundo rural es una fórmula para generar empleo y riqueza, más allá del turismo rural sostenible.

Por todo ello, Jiménez Herrero apostó por un nuevo diálogo estratégico entre el campo y la ciudad para salvar los desequilibrios territoriales y “apostar decididamente por un enfoque estratégico de cohesión territorial y social” que incluya tanto las dimensiones urbanas y rurales.

El cuarto informe temático del OSE ‘Sostenibilidad local: una aproximación urbana y rural”, analiza los modelos de desarrollo de las áreas urbanas y rurales de España y sus interacciones e impactos económicos, ambientales y sociales.

En concreto, está dividido en tres bloques: el primero se aproxima a la sostenibilidad local en su vertiente urbana en 50 capitales de provincia; el segundo analiza la sostenibilidad rural con 49 indicadores, y el tercero estudia las interacciones urbano-rurales con el objetivo de abordar un “nuevo diálogo campo-ciudad en aras de superar los desequilibrios territoriales con nuevas estrategias de futuro”.

En cuanto a la sostenibilidad rural, el documento denuncia que su mayor amenaza es el despoblamiento y el abandono del campo, lo que ha generado déficit de infraestructuras y servicios que reducen las oportunidades y la calidad de vida de los habitantes rurales, ya que el éxodo rural fue en paralelo al crecimiento urbano de las grandes ciudades y del litoral.

Las áreas rurales en España ocupan el 90 por ciento del territorio, pero en ellas sólo vive el 20 por ciento de la población. A pesar de esta diferencia significativa, éstas áreas albergan buena parte del patrimonio natural, cultural y paisajístico, lo que indica la “importancia de alcanzar un desarrollo rural sostenible”.

Por este motivo, Jiménez Herrero abogó por la implantación de un mecanismo de compensación como el pago por servicios ambientales para “potenciar el mantenimiento de la provisión de los bienes y servicios de los ecosistemas rurales hacia los urbanos”.

“Esto responde a un enfoque avanzado de internalización de externalidades ambientales positivas para que las zonas en riesgo ambiental, social y cultural logren avanzar hacia un desarrollo sostenible, con acciones de conservación, y la gestión y ordenación del territorio a través de este tipo de incentivos”, remachó Jiménez Herrero.

Finalmente, recordó las “nuevas oportunidades” ligadas a las políticas contra el cambio climático que permiten el desarrollo de nuevas fuentes de energía sostenible creando “nuevos yacimientos de empleo verde” y fomentando la “economía de la biodiversidad”.