Schengenland es la denominación del territorio de Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Luxemburgo y Holanda. El origen de los acuerdos fue en julio de 1984, cuando Francia y Alemania firmaron la creación de un espacio común. Entre sus objetivos están la supresión de fronteras entre los Estados miembros, una política común en materia de visados, lucha contra el tráfico de drogas o la ejecución de las solicitudes de asistencia judicial internacional. Forman parte los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Suecia y Suiza.

El acuerdo aprobado hoy por el Parlamento Europeo obliga a que en 2020 la Unión emita un 20% menos de CO2 que en 1990, consuma un 20% menos de energía y genere el 20% de su energía primaria con fuentes renovables. El acuerdo no es suficiente, según los ecologistas, para evitar que la temperatura del Planeta crezca 2ºC sobre los niveles medios preindustriales, límite a partir del cual las consecuencias para el clima son imprevisibles, según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático.

El plenario del Parlamento Europeo apoyó ayer en Estrasburgo un conjunto de propuestas sobre clima y energía que quedan, según Greenpeace, “muy lejos de lo que es necesario para evitar los peores efectos del cambio climático y reducir la dependencia de los combustibles fósiles”. Según los ecologistas, las medidas referidas a clima del mencionado paquete “están plagadas de exenciones que amenazan la viabilidad de alcanzar el más que débil objetivo de reducción del 20% de las emisiones e ignoran el principio de quien contamina paga, al prever el otorgamiento gratuito de gran número de derechos de emisión a la industria que más emisiones genera” [la eléctrica].

El único elemento claramente positivo del paquete, añade en un comunicado Greenpeace, está relacionado sin embargo con la vertiente energética, “en la que la Unión Europea se ha comprometido al objetivo común de alcanzar un 20% de generación mediante energías renovables para 2020″. El Parlamento Europeo y el Consejo han alcanzado además un acuerdo sobre la revisión de la directiva relativa al sistema de comercio de emisiones de la UE (ETS en sus siglas en inglés). El ETS es, según el Europarlamento, un sistema de recorte y comercio, “pues rebajará el nivel de las emisiones permitidas, pero, dentro de ese límite, permitirá a los participantes comprar y vender derechos, con el fin de reducir las emisiones de forma rentable. La cantidad total de derechos emitidos descenderá cada año de forma gradual”.

Subasta con excepciones
En la actualidad, el Sistema de Comercio de Emisiones de la UE cubre a más de 10.000 instalaciones de la industria y la energía, que son responsables de un 40% del total de emisiones de gases de efecto invernadero en la UE. El ETS cubre, por ejemplo, centrales eléctricas, refinerías de petróleo y fábricas de cemento, vidrio, ladrillo, cerámica y cal.

La Comisión propone extender el ámbito de aplicación a nuevas industrias (como las de aluminio o petroquímicas)  así como a dos nuevos gases (óxido de nitrógeno y perfluorocarburos). El nuevo sistema se aplicará desde 2013 hasta 2020 y debería conducir a una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de un 21% en comparación con los niveles de 2005.

En los dos primeros períodos comerciales (entre 2005 y 2013) la mayoría de las asignaciones de derechos se producirán libres de cargas para las instalaciones, algo que ha sido muy criticado por Greenpeace, que considera que esa medida desincentiva el ahorro y la eficiencia. El compromiso, sin embargo, establece el principio de la subasta a partir de 2013, pero incluye, de nuevo, excepciones.

A saber: para la generación de electricidad concretamente, la subasta se introducirá desde 2013, sí, pero el compromiso incluye la posibilidad de asignar gratuitamente derechos de emisión en un periodo transitorio, excepción que se aplicará especialmente en los nuevos Estados miembros, pero que no debe exceder el 70% de las asignaciones en 2013 y que desaparecerá en 2020.

Los Estados miembros dispondrán de un mecanismo de “compensación”, de forma que puedan reducir en menor porcentaje sus emisiones comprando créditos para proyectos dirigidos por el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) que disminuyan las emisiones en terceros países. El compromiso establece que estos créditos no pueden superar el 50% de las reducciones globales de la UE para el periodo 2008-2020.

Esta solución adoptada ha sido muy criticada por las organizaciones ecologistas, porque, según WWF/Adena, “permite a los países de la UE realizar aproximadamente el 75% de dicha reducción fuera de sus fronteras. Esto se traduce en una disminución real de las emisiones comunitarias de únicamente el 4 o 5% de aquí a 2020”. Por ello, WWF ha pedido a los países de la UE que no hagan uso de créditos externos. Más aún, según esa organización, “contando con sólidas legislaciones en materia de eficiencia energética y energías renovables, el objetivo de reducción del 20%, incluso del 30%, se puede alcanzar fácilmente dentro de las fronteras de Europa”.

El trato de favor a la aviación se mantiene sin cambios. El compromiso adoptado ahora no reabre la cuestión de cómo abordar el sector de la aviación en la directiva ETS. De hecho, dicho sector puede recibir hasta un 80% de las asignaciones de derechos de emisión de forma gratuita, durante todo el periodo. La comisión parlamentaria de Medio Ambiente propuso que la aviación recibiera el mismo trato que las industrias manufactureras, de forma que la cuota de asignaciones gratuitas fuera descendiendo año tras año hasta quedar completamente eliminada en 2020. Las emisiones del transporte aéreo han crecido extraordinariamente a lo largo de los últimos veinte años.

Co2.

La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo aprobó ayer la propuesta de la Comisión Europea para que los coches nuevos tengan que emitir a partir de 2012 un máximo de 130 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, frente a los actuales 160 gramos.

Este voto supone que la petición de la industria europea del automóvil, agrupada en la patronal ACEA, de retrasar hasta 2015 la nueva regulación en aras de no perder competitividad ha sido desestimada. Además los eurodiputados han apoyado también que los fabricantes que no cumplan con la normativa tengan que enfrentarse a severas multas a partir de 2015 por importe de 35 euros por cada gramo que rebase de los 130.

El voto de ayer en la Comisión de Medio Ambiente, que contradice el que se produjo en la Comisión de Industria, más favorable a los fabricantes, hace prever una batalla feroz en noviembre, cuando se vote el texto en pleno.

La propuesta tiene que ir aún al Consejo de la UE, donde están representados todos los países, y a nadie se le escapa que Alemania e Italia votarán en contra del mencionado proyecto de la CE.